Es el momento de revisar la gestión pública y hacer balance a cuatro décadas de intervención en el patrimonio monumental valenciano.
La Constitución de 1978, al homologar a la nación española en el marco
europeo, impulsa el desarrollo de una prolija legislación protectora para la custodia,
conservación y salvaguarda de un vasto catálogo de monumentos, conjuntos y sitios.
El ocaso de la autarquía conlleva el definitivo carpetazo a las demoliciones
indiscriminadas del período desarrollista. En el “cap i casal” suponen la pérdida de
joyas emblemáticas como el palacio de Ripalda, el colegio Tomás de Villanueva, el
Banco Hispano-Americano, el club Náutico, el bazar Giner, la estación de Aragón, el
teatro Apolo, los cines Tyris, Trianón, Rex, Eslava, Coliseo,…
El fin de los derribos y la ampliación de las medidas de protección traen consigo
la intervención sobre lo construido, obligando a los profesionales a reflexionar sobre la
naturaleza de la arquitectura moderna frente a la del pasado y hasta qué punto y cómo
ambas resultan compatibles y complementarias.
El inventario tras cuatro décadas actuando sobre preexistencias patrimoniales,
presenta luces y sombras. Cambios radicales de los usos, innovaciones constructivas,
contraste entre los viejos y los actuales lenguajes artísticos, banalización fachadista,
repristinaciones inadecuadas, operaciones especulativas,… marcan un complejo
reciclaje que concierne tanto a la gestión, como a la materialidad o las tipologías.
El reconocimiento internacional a la labor de los técnicos valencianos queda
patente en el elevado número de galardones recibidos, como los Premios Europa Nostra
a la Casa del Comú de Morella de los arquitectos Miguel Del Rey e Iñigo Magro, al
Alto Horno de Sagunto de Carmel Gradolí, al Mercado de Colón,…
La declaración de la Lonja de la Seda como Patrimonio de Humanidad, la
creación del Institut Valencià de Conservación, Restauración e Investigación -IVCR+i-
y la recuperación de un extraordinario acervo eclesiástico como los frescos de Palomino
en la catedral seriamente dañados por el fuego en 1936, las pinturas de la iglesia de San
Nicolás de Bari o la Basílica de la Virgen, ilustran un éxito colectivo.
También la formación universitaria, la investigación científica y la tecnológica
se consolidan garantizando el futuro del inmenso legado acumulado. Pero las amenazas
y los riesgos no se han erradicado del todo. El injustificable derribo de la escuela de
Ingenieros Agrónomos, de Moreno Barberá e inscrita en el Docomomo lo demuestra.
Los errores, de funestas consecuencias, evidencian las debilidades y carencias
en la planificación de las actuaciones. Es el caso de la caótica ampliación del Clínico,
del siempre inconcluso Museo de Bellas Artes, de la persistente sangría edilicia del
Marítimo o del escaso interés por la reposición de los valiosos restos arqueológicos -el
Relojero, la muralla islámica,…-,…
Los monumentos del pasado, sobreviviendo al ciclo vital de sus habitantes, son
un testimonio irrefutable de las sucesivas presencias, una perenne e inestimable herencia
del ayer, con su rica significación cultural, funcional y simbólica.
La democracia avala la fuerte presencia del sector público en el ámbito de la
rehabilitación. Ello es, en parte, consecuencia tanto del maná comunitario -fondos
FEDER,…- como de la reorganización administrativa con la creación “ex nuovo” de un
mapa autonómico cuyas necesidades espaciales y financieras no pararían de crecer.
El Complejo 9 de Octubre, reutilizando la vieja cárcel Modelo y con capacidad
para más de tres mil funcionarios, es el buque insignia de la Generalitat, cuyo gobierno
continua de “okupa” en la primigenia Casa de la Diputación.
No deja de ser una paradoja que el principal promotor del reciclaje palaciego en
la capital tenga su sede en un edificio de la Diputación Provincial, que modificó en los
ciencuenta el original con una ampliación del cuerpo central y la creación de una torre
recayente a la plaza de Manises, copia de la existente.
El Palau es un “falso histórico” que resuelve el “añadido” del siglo XX con una
estructura portante en hormigón armado, camuflada por una piel -trazas, sillería,
ventanales, artesonados,… en estilos gótico, renacentista,…
Tan magna obra es inaugurada por Franco con una cena de gala en el Salón de
Cortes el 28 de mayo de 1952. Años después el Palau dels Borja, hoy dedicado a la
Asamblea Legislativa, es adquirido por el Estado para albergar la residencia de su titular
y la Prefectura Provincial del Movimiento Nacional.
La memoria antropológica y documental de la arquitectura grabada en sus
piedras atesora valiosos fragmentos ocultos del pasado, que son un antídoto frente al
intento de reescribir la historia con versiones interesadas e incompletas.
Como apunta el fundador de la Escuela de Annales, Marc Bloch, conviene evitar
mutilaciones puesto que “de la incomprensión del presente nace fatalmente la
ignorancia del pasado”. De ahí que deba implementarse un uso educativo y museístico
en los inmuebles rehabilitados, pues constituyen un yacimiento inagotable, una eficaz
fuente, un inmejorable archivo de ese palimpsesto que es la ciudad edificada.
Mención aparte merece la antigua Fábrica de Tabacos, testimonio del origen de
las fundaciones fabriles levantadas a raíz de la cesión en 1887 del arriendo sobre el
monopolio tabaquero gestionado por la Corona desde 1731.
Como contrapartida al sufragio de la construcción del edificio conocido como
Tabacalera, que serviría como Palacio de la Industria en la Exposición de 1909, se
ceden a la Diputación los Jardines del Real, si bien finalmente las obras son pagadas por
el Ministerio de Hacienda.
¿Con esos antecedentes cómo es posible tanta controversia en una actuación que
tiene por objeto recuperar el inmueble para Valencia? ¿Por qué se judicializa
únicamente el último capítulo de tan extensa novela?
Porque el origen del problema está en el negocio que supone la ola de
privatizaciones -Telefónica, Repsol,…- que acompaña el ingreso en la CEE. Los límites
al “trust” tabaquero se resuelven con la creación de Altadis que, fusionada con la
francesa Seita, se deshace de iconos de la arquitectura industrial para obtener elevadas
plusvalías, sin atender sugerencia alguna de las autoridades locales y autonómicas.
Es hora de hacer balance del programa de reestructuración del sector público
(1986-2006), de la transparencia en su proceso, de su contribución al progreso, de su
rentabilidad económica, de sus consecuencias patrimoniales y de su utilidad social.
(Artículo anteriormente publicado en Las Provincias: https://www.lasprovincias.es/comunitat/opinion/patrimonio-democracia-reciclaje-20210911234319-ntvo.html)
Javier Domínguez Rodrigo Arquitecto